A falta de aproximadamente un mes para que la nueva gestión de Jorge Macri asuma su lugar en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la vicejefa de Gobierno electa, Clara Muzzio, presentó un proyecto que apunta a evitar que las personas en situación de calle busquen comida entre los contenedores de basura.

La actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana propone multas de entre $14.446 a $144.660 para las personas que busquen residuos, incluso si es en el marco de tareas de reciclaje.

El proyecto ya fue enviado a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, fue tratada en la Comisión de Justicia y obtuvo las firmas necesarias para el dictamen y para ser tratada en la próxima sesión ordinaria. El documento busca incrementar y crear nuevas multas establecidas en el actual Régimen de Faltas que rige en la Ciudad, para aquellas personas que “afecten” el ambiente, el espacio público y la higiene urbana.

Dos artículos del proyecto hacen hincapié en nuevas sanciones. Uno de ellos multará con montos de hasta $101.262 a las personas que manipulen "contenedores o puntos de disposición de residuos sólidos urbanos", mientras que esa cantidad puede superar el millón de pesos cuando "la infracción sea cometida por una persona jurídica", como pueden ser las organizaciones de recicladores urbanos.

Esta medida, próxima a transformarse en ley, generó el repudio de cooperativas de recicladores que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, como Amanecer, Madreselvas y El Álamo, que expresaron públicamente el rechazo a las sanciones económicas.

"El Gobierno de la Ciudad no nos convoca para trabajar en las soluciones de las personas en situación de calle y de cartoneros independientes y termina sacando una ley que multa a quienes revisan los contenedores, lo que es el fracaso total de la política entendida para solucionar los problemas de la gente", dijo Francisco Dorbessan, de la Federación de Cartoneros y Cartoneras.

Lucía Jolías, de la cooperativa Madreselvas, pidió a los legisladores y legisladoras el retiro del artículo y la apertura de un ámbito de diálogo con el Gobierno de la Ciudad que aborde la problemática de los trabajadores informales del reciclado.

Redacción Sesionar